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| Fachada principal y detalle de la clave de la puerta de entrada y cartela. |
Mucho se está hablando en las últimas semanas sobre el
destino de la antigua Prisión Provincial situada en las inmediaciones de la
Cruz de Humilladero tras haber sido trasferida su titularidad al Ayuntamiento de
Málaga tras haber funcionado como centro penitenciario durante setenta y seis
años hasta 2009.
Para remontarse a sus orígenes hay que trasladarse a los
años veinte del pasado siglo, momento en el que la antigua cárcel en la Avenida
de la Rosaleda (hoy sede de la Policía local) acusaba problemas de
hacinamiento, seguridad e higiene. Es por ello por lo que en 1927 el arquitecto municipal -Enrique
Esteve- a petición de los tenientes de alcalde, propone la construcción de una
nueva cárcel que permitiese la clausura del antiguo centro.
Así se buscó el emplazamiento más adecuado para su
construcción, teniéndose en cuenta que debía de situarse fuera del casco urbano
pero no excesivamente apartado del mismo. Tras diversos reconocimientos, se
determinó que los terrenos más adecuados eran unas tierras pertenecientes a la familia Cárcer en el
entorno de la Cruz de Humilladero, terreno destinado por entonces a huertas y
sobre todo a la siembra de viñas de uva moscatel, zona en la que además se
proyectó el nuevo matadero de la ciudad (concluido en 1937).
Sobre la fórmula que se emplearía para llevar a cabo un
proyecto de tal envergadura, se propuso que los terrenos de la familia Cárcer
fuesen ofrecidos al Ministerio de Gracia y Justicia para la construcción de la
nueva prisión, aunque sería el Ayuntamiento el encargado de hacerse con la
parcela con cargo a Instrucción Pública y que se destinase la antigua cárcel a
fines escolares, bien adaptando el viejo edificio o bien demoliéndolo.
Tras hacerse con los terrenos y hacerse unos ligeros cambios
en cuanto a la parcela, en 1928, el alcalde Fernando Guerrero Stracham donaba
al Estado 14.175 metros cuadrados destinados a la construcción de la nueva
Prisión Provincial de Málaga.
El inicio de las obras tuvo lugar con la ceremonia de
colocación de la primera piedra en agosto de 1930, acto al que asistieron
diversas autoridades locales y nacionales. La contrata de la misma fue
encargada a Severiano Montoto, la misma persona en quien había recaído la
restauración del palacio de la Aduana tras el pavoroso incendio que la asoló en
1922.
En 1931 la nueva Directora General de Prisiones con la
recién proclamada II República en su visita a Málaga visitó las obras e instó a
que éstas se realizasen con celeridad. Tras algunos retrasos, la inauguración
del edificio tuvo lugar el 13 de octubre de 1933, así su construcción se había
alargado durante tres años y había ascendido a un millón quinientas treinta y
cinco mil pesetas. El nuevo edificio reunía las condiciones de seguridad e
higiene de las que carecía su antecesor, contando con modernas cocinas,
enfermería, sala de duchas, etc.
Estructuralmente se trata de un edificio muy funcional con
unos marcados ejes de simetría que vienen dados por la presencia de una gran
galería central (la cual seguía en su momento los más modernos preceptos de
arquitectura penitenciaria) en dos alturas que articula el conjunto. A ambos lados de ésta galería se abrían otras
secundarias entre las cuales se abrían cuatro grandes patios. Existen otras
construcciones complementarias al edificio original, destacándose el módulo de
entrada que hace a la vez de fachada principal del conjunto. El edificio se rodeó por un alto muro en el
que destacan las garitas de vigilancia.
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| Garita de vigilancia. |
Toda la obra combina el uso de mampuestos irregulares de
piedra alternados con hiladas de ladrillo.
La fachada principal es la única parte ornamentada del
edificio; se compone de dos módulos adelantados de dos alturas cada uno, unidos
por una galería central en la que se abre la puerta principal flanqueada por
dos ventanas con arcos escarzanos de ladrillo. En el centro del arco de la
puerta encontramos una gran clave de piedra blanca que resalta cromáticamente
sobre el conjunto. Sobre éste aparece una cartela (también en piedra blanca) en
la que se especifica la función del edificio y su año de construcción.
En los inicios de la Guerra Civil –antes de la toma de
Málaga por los sublevados en febrero de 1937-, en este edificio tuvieron lugar
algunos de los más dramáticos acontecimientos de la contienda en la capital.
Tras el alzamiento militar en Melilla (17 de Julio de 1936), Málaga permaneció
fiel a la República. En medio del caos generado en la ciudad en aquellos
momentos, las autoridades encarcelaron a destacados personajes de la derecha
local además de la mayoría de los oficiales del ejército.
Tras los primeros bombardeos de la ciudad por parte de la
aviación nacional y los primeros muertos civiles, se dio el fenómeno conocido
como las “sacas” que no era otra cosa que la venganza por parte de la población
de los muertos civiles habidos en los bombardeos, así se acudía a la cárcel y
se producía la salida de un número determinado de individuos para ser
fusilados. Los historiadores contabilizan en torno a un millar de muertos
“nacionales” en los siete meses que duró la Guerra Civil en Málaga.
Tras la toma de Málaga el 8 de febrero de 1937 se empezaron
las ejecuciones en masa, así tenemos la cifra de 3500 ejecuciones llevadas a
cabo entre el día 8 y el 14 de febrero, elevándose la cifra hasta las 17000
personas entre 1937 y 1944, saliendo gran parte de los condenados de las
instalaciones de la cárcel provincial hacia las tapias del cercano cementerio
de San Rafael, lugar donde se ha exhumado la mayor fosa común del franquismo en
España.
A partir de los años 80 las instalaciones además de
obsoletas se habían quedado pequeñas, por ello en 1985 se inauguró un nuevo
centro penitenciario en Alhaurín de la Torre, quedando la antigua prisión como
centro de régimen abierto hasta el año 2009.
En la escritura de cesión del terreno al Estado llevada a
cabo en 1928 existía una cláusula en la que se especificaba que si la prisión
dejaba de desempeñar esta función, habría de ser devuelta al Ayuntamiento de
Málaga. En virtud de ello el pasado 25 de Septiembre el edificio fue entregado a
la ciudad.
Desde hace años una serie de organizaciones vecinales vienen
reclamando que se otorgue un uso público a este espacio, teniendo en cuenta el
déficit de equipamientos en la zona. Así hubo propuestas de situar entre sus
muros desde un centro cívico, una biblioteca, incubadoras de empresas, un
centro de la Memoria Histórica, hasta el traslado de los Servicios Operativos
del Ayuntamiento a este lugar.
Lo cierto es que lo primero que hizo el señor alcalde fue
apuntar que el edificio no estaba protegido, dejando la puerta abierta a su
demolición total (o conservando sólo una mínima parte de su fachada) como se ha
hecho recientemente en Granada, para poder situar en sus terrenos desde
viviendas hasta su “brillantísima” idea de instalar un campus de la Universidad
Católica de Murcia (UCAM), muy ligada al movimiento Neocatecumenal (Kikos), es decir
al sector más ultraderechista de la iglesia. Y todo ello en un momento en el
que como la propia Rectora de la Universidad de Málaga reconoce que ya existe
un “exceso de oferta” en lo que titulaciones universitarias se refiere.
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| Fachada de la antigua cárcel de Granada tras ser demolido el resto del conjunto. |
La simple idea de
instalar una Universidad privada en este lugar supone la cesión de un espacio
público reclamado durante años por la ciudadanía a una institución elitista y
profundamente clasista, no deja de ser una muestra de desprecio hacia aquellos colectivos e individuos que han reclamado durante años poder contar con estas instalaciones para el desarrollo de diversas actividades de carácter lúdico y social.
Por ello es de recibo que el Ayuntamiento y más concretamente el alcalde Francisco de la Torre, recapaciten y den a este equipamiento el uso que la ciudadanía reclama, un uso que sea accesible a todos por igual en una de las zonas más densamente pobladas de la ciudad. Las posibilidades del edificio son muchas y la inversión no ha de ser cuantiosa.
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